El juez que imputó al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha ordenado investigar si los socios del bufete del exministro popular, Equipo Económico, diseñaron una estructura empresarial opaca para desviar fondos y obtener beneficios derivados de sus presuntas actividades ilegales. La investigación apunta a que el alcance de estas prácticas podría ir más allá del sector energético, involucrando también a otras grandes empresas españolas.
Según medios españoles que han tenido acceso a un auto de mayo de 2024, las autoridades sospechan que el despacho de Montoro fue contratado por compañías del sector gasista con el objetivo de facilitar reformas legislativas favorables a sus intereses. No obstante, los indicios apuntan a que este patrón podría haberse repetido con otras entidades, entre ellas Madrid Network, Ferrovial y Abengoa .
Además, el juez señala la " coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico".
Transferencias internacionales bajo sospecha
Ya en 2023, la Guardia Civil advirtió de que parte del dinero involucrado podría haberse transferido al extranjero, concretamente a países como Irlanda, Dinamarca o Luxemburgo . Además, se detectaron entradas de capital procedentes de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Panamá, a través de sociedades vinculadas al bufete.
El que fue ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy fue imputado el pasado 16 de julio por los supuestos delitos de cohecho , fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas , corrupción en los negocios y falsedad documental , junto a otras 27 personas.
Según fuentes vinculadas al caso citadas por 'El País', su bufete Equipo Económico habría recibido hasta 7,8 millones de euros entre los años 2012 y 2015 de compañías eléctricas y de energías renovables, supuestamente para influir en las decisiones legislativas y la agenda del Gobierno. La cifra ascendería a 11 millones de euros si se incluyen los pagos realizados desde 2008.
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